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A pesar de los errores jurídicos y de no incluir a las víctimas del comunismo la Ley de Memoria Democrática ha continuado su tramitación

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Ley de Memoria Democrática
Ley de Memoria Democrática, según el PSOE y Podemos. Ilustración. Fuente: OKdiario.

Un informe elaborado por la Secretaría General Técnica del Gobierno sobre el Anteproyecto de ley de Memoria Democrática detectó más de un centenar de errores e imprecisiones jurídicas, generalidades y conceptos sin definir ni desarrollar de una manera adecuada. A pesar de ello, varias semanas después el Consejo de Ministros dio su visto bueno para su posterior aprobación parlamentaria.

El extenso documento pone de relieve decenas equivocaciones a corregir entre las que se encuentran faltas ortográficas, deficiencias legislativas y conceptos sin definir.

Pero los problemas más llamativos de La Ley de Memoria Democrática tienen relación con la nula intención que demuestra este documento para reconocer el daño causado por el bando republicano. De esta manera, únicamente se declaran nulas “las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista” pero no menciona nada sobre los abusos cometidos por la República.

La represión en el territorio republicano

Sin embargo, la represión en el territorio republicano durante la guerra civil española se materializó en una sucesión de acciones violentas. Dichos actos, eran realizados por grupos revolucionarios contra aquellas personas que percibían como sus enemigos de clase. Entre las víctimas se encontraban empresarios, industriales, terratenientes, representantes políticos de la derecha y el patrimonio de la Iglesia católica. El número de religiosos católicos muertos, se situaría en torno a los 6000 y 6800.

Asimismo, se identificaron, según el CEU Instituto de Estudios Históricos, 345 checas en el Madrid en 1936 y se referenciaron 23 prisiones oficiales que funcionaron en diversos momentos de la contienda. Las checas de Madrid capital participaron en la actividad represiva realizada en el resto de la provincia y en otros lugares de España.

La represión roja en Madrid que ignora la Ley de Memoria Democrática.

En esta línea, en la Ley de Memoria Democrática se declaran ilegitimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos e ideológicos durante la dictadura y sin embargo no se hace ninguna condena de la represión cometida por la República durante la Guerra Civil. Lo cual permite que las víctimas del franquismo sí puedan solicitar la Declaración de las personas afectadas mientras que los represaliados del bando popular durante la Guerra Civil no pueden acogerse a este mismo derecho.

Búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil

De igual manera, la Ley de Memoria Democrática resulta incompleta y confusa incluso para la búsqueda de personas desaparecidas, ya que tal y como señala el informe de la Secretaría General Técnica “la Memoria no explica en qué ha de consistir tal regulación que ha de desarrollarse, y dicha explicación se estima necesaria tanto para aclarar el alcance de la habilitación reglamentaria como para justificar la necesidad de dicha regulación”.

Además, según el informe, ha de tenerse en cuenta que “el propio artículo 15.2 prevé adicionalmente que dichas tareas se llevarán a cabo de forma gradual y se apoyará en la elaboración de mapas de localización de personas desaparecidas.

Dicho de otra manera, “si las tareas de búsqueda se realizan simplemente sobre la base de mapas de localización y planes de actuación, y las actividades de localización, exhumación e identificación de restos de personas desaparecidas se rigen por protocolos adoptados por las Administraciones Públicas competentes, no queda clara la necesidad ni el papel que se reserva para la norma reglamentaria prevista en el artículo 15.2”.

Símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática

Tampoco queda para nada clara la utilidad que tiene el artículo 36 que se refiere a los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Los técnicos del Gobierno señalan que se trata de una serie de precepto que tiene su antecedente inmediato en el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. Por lo tanto, esta nueva ley no sería necesaria, ya que existe una que previamente tiene como objeto prohibir los símbolos que exalten el franquismo.

Asimismo, se ha tenerse en cuenta que los nombres de las calles y las denominaciones de centros públicos son materias propias de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Municipios, según el caso.

Disolución de asociaciones

La disposición adicional séptima, titulada “Disolución de asociaciones”, establece lo siguiente: “En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente ley, se promoverá la modificación de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo por su condición de tales.”

Pero en ningún, artículo de la Ley de Memoria Democrática se menciona que haya que disolver asociaciones que enaltezcan el comunismo de la Unión Soviética ni los crímenes que esta ideología ha causado durante la Guerra Civil.

Ni verdad, ni justicia y ni reparación

De esta manera, lejos de las proclamas del Gobierno socialcomunista, que anuncian a bombo y platillo que la Ley de Memoria Democrática tiene como objetivo la verdad, la justicia y la reparación, ha quedado demostrado todo lo contrario.

Por un lado, el informe de la la Secretaría General Técnica del Gobierno sobre la Ley de Memoria Democrática ha dejado claro que no tiene una fundamentación legal solida que sirva para reparar el daño causado a la víctimas del franquismo. Y por otro lado, ha quedado demostrado que no es una ley que busque la concordia entre los distintos bandos que tomaron parte en la contienda.

En conclusión, la Ley de Memoria Democrática es un intento más de alimentar el guerracivilismo en España y tratar de sumar más votos para el PSOE y Podemos, a costa de la concordia entre los españoles. Una estrategia que se enmarca dentro de los continuos intentos del Gobierno de Pedro Sánchez por controlar todos los aspectos de la vida privada de los ciudadanos. Esta claro que se trata de un texto legal que está llamado a no pervivir, debido a que en cuanto llegue al poder la oposición lo van a derogar.

Pero esto no le importa nada a Pedro Sánchez y sus secuaces. La cuestión es ir alimentando el odio entre españoles, a costa precisamente de la verdad, la justicia y la reparación.

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